El fiscal y el abogado del Estado se ratificaron ayer en juicio en las penas que solicitaron en su momento contra dos representantes de la Asociación de Minusválidos de Ibiza y Formentera (AMIF), a los que acusan de un presunto delito continuado de contrabando a través de organización. Concretamente, se les acusa de vender boletos de lotería sin contar con la autorización necesaria entre los años 1998 y 2002, una circunstancia que los encausados reconocen. Por ello, fiscal y el abogado del Estado solicitan dos años de privación de libertad para cada uno de ellos y una multa de 67.000 euros.
Por contra, la defensa considera que no existe tal delito de continuado de contrabando a través de organización y piensa que tan sólo incurrieron en una falta administrativa por vender boletos de lotería sin licencia y, en consecuencia, solicita a la juez la libre absolución de sus dos clientes. La juez dejó ayer el caso visto para sentencia.
AMIF dejó de vender boletos de lotería en la isla en 2002, a raíz de una intervención del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, una operación que se desarrolló en otros puntos de España en los que ya se celebró juicio y los encausados fueron absueltos.