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El rastro del pasado

La estafa de 8 millones de euros en Cala Vedella es el último eslabón de una cadena de despropósitos en estos pisos

Un momento de las tareas de rescate en la zona.Más de 25 personas han denunciado que han sido objeto de una estafa por la compra de estos pisos. Fotos: G.G.L.

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Un supuesto promotor buscado por la Interpol, una «encargada» sudamericana que supuestamente acabó yéndose no sin antes quedarse con mobiliarios de los inmuebles, pleitos judiciales y ahora un estafa después de que se estuvieran vendiendo estudios «completamente reformados» como si fueran residenciales después de haberse realizado una división horizontal para acabar por las bravas con su catalogación de turísticos.

Son datos que se recogen cuando se pregunta por los pisos de Cala Vedella cuyas ventas supuestamente fraudulentas han motivado finalmente la detención de dos personas: el responsable de una inmobiliaria y de un director de una entidad bancaria de Vila por supuestos delitos de fraude y falsedad documenta, un caso en el que, por el momento, hay 27 afectados y una supuesta estafa que podría superar los ocho millones de euros.

El historial de los pisos que se estaban vendiendo es largo. La zona, conocida antes como Club Robinson o Club Cala Vedella, terminó deteriorándose después de un promotor, al parecer de nacionalidad alemana, acabara en los juzgados tras intentar el entonces incipiente negocio del «alquiler o propiedad compartida» cuando los inmuebles ya tenían dueño. Ahora se le da en busca y captura Varios promotores se fijaron luego en sus posibilidades, incluso los pisos estuvieron siendo alquilados pese a su situación de abandono y con distintas quejas y pleitos por su precariedad. La inmobiliaria Salinas, con sede en el número 29 de Ignacio Wallis de Vila, fue la última empresa que intentó reflotarlas tras incluirlas en sus denominadas Promociones Nuevo Sol. Su «lavado de cara», sin embargo, no ha sido suficiente y ahora, tras la detención y puesta en libertad de dos sospechosos apresados por el Equipo de Delincuencia Urbanística (EDU) de la Guardia Civil un juzgado de Eivissa investigará la veracidad de irregularidades denunciadas por afectados tanto en Eivissa como en Mallorca.

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