El juzgado ha abierto diligencias para intentar esclarecer si un hombre que realizaba tareas de jardinería para un colectivo de ayuda a personas con minusvalía de la Isla pudo cometer una violación contra una disminuida psíquica de 33 años con la que trabajaba.
El sospechoso, de 34 años y nacionalidad marroquí, fue entregado ayer mismo en el juzgado de guardia. Tras negar la supuesta agresión sexual durante su declaración judicial, éste quedó en libertad con cargos mientras continúan las indagaciones. Como medida cautelar, se estableció un orden de protección para que no pudiera acercarse a la víctima.
Cita
La detención de dicha personas, realizada por agentes de Policía Judicial del puesto de la Guardia Civil de Sant Antoni, tuvo lugar después de que un familiar próximo a la joven interpusiera una denuncia en estas dependencias. Al parecer, la afectada relató que entre el lunes y el martes había tenido una cita con el acusado y que, tras ello, se produjo la violación.
El problema al que se enfrenta la investigación es que, de primeras, no hay testigos ni lesiones aparentes que confirmen dicha agresión, sino únicamente el relato efectuado por la mujer.
En este sentido, está previsto solicitar nuevas pruebas médicas, análisis de muestras y reconocimientos para intentar si hubo acceso carnal y si en ello, además, no hubo algún tipo de consentimiento.
El acusado, tras prestar declaración en el juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, esta semana de guardia, pasó un reconocimiento médico en la Clínica Forense. Tras este trámite, se determinó su puesta en libertad provisional mientras se concretaban las pruebas que se iban a pedir durante la instrucción y su resultado, tarea que supuestamente acometerá ya el juzgado al que le toque el caso.
Entre otras pruebas, el juzgado puede someter a la afectada a diferentes exploraciones para calibrar, dentro de las limitaciones de su minusvalía, la importancia de lo ocurrido.