El ministerio público pide una pena de un año y medio de prisión para el francés G.J.P.A., acusado por un delito contra la ordenación del territorio, ya que, según la acusación, reformó y amplió una caseta varadero en Porroig, en el municipio de Sant Josep, que compró a su propietario por 12.000 euros. El legítimo propietario ya fue sancionado en su momento por esta venta, ya que las casetas varadero, ubicadas en la zona de servidumbre marítimo terrestre, no se pueden vender.
Además de la pena de prisión, el ministerio público reclama para el francés una multa de quince meses a raíz de diez euros diarios, lo que hace un total de 4.500 euros. Igualmente, la acusación pública exige que el acusado se encargue de devolver la caseta varadero a su estado anterior.
Los hechos ocurrieron hace casi siete años. G.J.P.A. fue denunciado por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Eivissa, cuyos agentes detectaron que en la caseta varadero se estaban realizando obras de reforma y ampliación.
Ayer, durante el juicio, el representante del ministerio público explicó que G.J.P.A. construyó una techumbre nueva de hormigón, una terraza de 24,6 metros cuadrados y forró con piedra toda la estructura, lo que supone una ampliación de la misma. Todas estas obras se realizaron sin licencia. Además, la piedra con la que forró la caseta varadero la extrajo de la misma línea de costa, lo que representa, al igual que todo lo anterior, una infracción grave, destacó el ministerio público.
Por seguridad
La defensa del acusado insistió en el hecho de que G.J.P.A. realizó estas obras con el único objeto de evitar que el tejado se viniera abajo y causara una desgracia, es decir, por seguridad. Un argumento que no coincide con la opinión del representante del ministerio público, que en su alegato final destacó que el acusado «desvirtuó por completo» la caseta varadero original y que lo hizo con la intención de darle un uso residencial, ya que en el interior había instalado muebles, como hamacas y mesas.
A esto la defensa respondió que G.J.P.A. no necesita hacer uso residencial de la caseta varadero, ya que cuenta con una casa de 450 metros cuadrados en es Cubells y también tiene un barco. En cualquier caso, sostuvo la abogada del francés, todas las obras ilegales realizadas por el acusado constituiría, a su entender, una infracción administrativa, y no un caso penal. Dijo la abogada que no ha encontrado en la jurisprudencia un caso similar que haya sido juzgado por lo penal. También pidió la letrada que, en cualquier caso, se tenga en cuenta el atenuante de dilaciones indebidas, ya que la denuncia del Seprona se produjo hace casi seis años.
Este juicio se suspendió en varias ocasiones. La última, en noviembre pasado, por falta de traductor de francés.