La Guardia Civil ha desarticulado después de tres años de investigación una red dedicada al expolio arqueológico submarino, que actuaba en las costas de Catalunya y Baleares, en el marco de una operación que se ha denominado Circinus.
Según ha informado la policía este martes en un comunicado, se ha detenido a diez personas, cuatro de ellas en Menorca, cinco en Girona y una en Barcelona como presuntos integrantes de la banda, y se ha imputado por los mismos delitos a otras tres personas.
En una rueda de prensa este martes, la policía ha explicado que se han recuperado unas 200 piezas -entre las cuales ánforas, platos y jarras- que se situaban entre 200 y 500 metros bajo el mar y que se sustraían con dos embarcaciones, una ubicada en Roses y otra en Mataró, que han sido incautadas, además de cartas de navegación y sistemas informáticos.
Las embarcaciones incautadas -'Bon Geni' y 'Bon Pigall'- tenían 18 y 23,8 metros de eslora respectivamente y estaban equipadas con un sofisticado material técnico empleado en las prospecciones del fondo marino y extracción de los bienes localizados en el mismo.
Investigación abierta en 2010
La operación se inició en junio de 2010 cuando un extrabajador de una fundación de Terrassa dedicada a la investigación y recuperación de restos submarinos alertó a la Guardia Civil que los responsables de esta entidad sin ánimo de lucro aprovechaban sus conocimientos y mecanismos para sustraer piezas que luego se quedaban.
El Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y el Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Comandancia del mismo Cuerpo de Girona iniciaron una investigación con el fin de poder determinar quién estaba implicado en los hechos investigados, pecios expoliados, actividad de la empresa y movimientos de sus barcos.
Tras tres años de investigación, los agentes han averiguado que la empresa utilizaba embarcaciones propias y material «muy sofisticado» para el estudio del fondo marino y había expoliado sin autorización yacimientos arqueológicos subacuáticos.
En la mayoría de casos, los expoliadores actuaban mediante la colaboración de pescadores -se han detenido a cuatro y se ha imputado a uno más- que indicaban donde se encontraban los restos arqueológicos, que los saqueadores extraían del fondo del mar con un robot teledirigido; y a cambio recibían alguno de los objetos.
Con la información recopilada y previa solicitud de los correspondientes mandamientos de entrada y registro, la autoridad judicial ordenó el registro de trece domicilios, cuatro de ellos en Menorca, y de las embarcaciones 'Bon Pigall' y 'Bon Geni', atracadas en los puertos de Roses (Girona) y Mataró (Barcelona).
Entre el material intervenido, destaca gran cantidad de archivos fotográficos y videográficos, en los que se aprecia a las personas y embarcaciones investigadas, extrayendo objetos arqueológicos del fondo del mar.
Operación dirigida desde Girona
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número uno de la Bisbal de L'Emporda (Girona), ha sido llevada a cabo por el Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Comandancia del mismo Cuerpo de Girona.
Finalmente, la Guardia Civil, con competencia exclusiva en la protección de las aguas territoriales españolas, ha recordado que la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español prohíbe expresamente la búsqueda, sin autorización, de restos arqueológicos, mientras que en el caso de que estos fueron hallados de forma casual o previa autorización, deben ser entregados inmediatamente a la administración.
La policía todavía investiga si los autores actuaban por beneficio propio o vendían los restos, aún tiene que determinar el valor de las piezas que se extrajeron de los fondos marinos y estudia la posibilidad de que los expoliadores descubrieron yacimientos submarinos que no estaban localizados por los arqueólogos.
Detenidos y registros
Entre los detenidos, aparte de los pescadores, se encuentra el propietario de la fundación y su esposa, tres trabajadores y un arqueólogo de Menorca, que pasarán a disposición judicial en los próximos días y que se enfrentan a penas de meses a tres años; algunos de ellos tienen antecedentes, aunque en ningún caso por robo, daño al patrimonio o apropiación indebida.
Durante la investigación también se registraron 13 domicilios -seis en Barcelona, tres en Girona y cuatro en Menorca- y la operación ha sido dirigida por el juzgado de instrucción número uno de La Bisbal d'EmpordÃñ, con el apoyo del Grupo de Patrimonio Histórico y de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil.