‘Botja': «Es normal que con esas máquinas tan grandes se cause algún daño [arqueológico]»

Casi una década después del comienzo de la realización de las obras en el segundo cinturón de ronda de Eivissa, ayer empezó el juicio por un presunto delito contra el patrimonio que sentó en el banquillo al exconseller de Patromoni Joan Marí Tur, ‘Botja', su director general en aquellos años, Antonio Arabí Serra, el propietario de la constructora MAB, Matías Arrom Bibiloni, y el ingeniero jefe de las obras, Sancho Álvarez. Todos ellos están acusados por el ministerio público por los supuestos destrozos causados en hallazgos arqueológicos aparecidos durante la realización de las obras en el segundo cinturón de ronda, un juicio que deriva de las denuncias presentadas por el GEN.
El ministerio público reclama para cada uno de los acusados una pena de tres años de prisión y, además, para los dos empleados públicos, Joan Marí Tur, ‘Botja', y Antonio Arabí Serra, diez años de inhabilitación para el desempeño de cargo público por un presunto delito de prevaricación. El fiscal acusa a ‘Botja' de «no paralizar las obras ni abrir expediente» a la constructora a pesar de tener «conocimiento» de los informes de la empresa encargada de los seguimientos arqueólogicos. Ayer, en el juicio, que continuará hoy con el interrogatorio de varios testigos y con la presentación de las conclusiones, el fiscal insistió en el hecho de que MAB comenzó las obras sin haber contratado una empresa para realizar el seguimiento arqueológico, tal y como se exigía en el contrato que esta empresa firmó con el Govern, algo que denunció la empresa Posidonia, que después fue contratada para ello.