La Fiscalía pide cinco años y seis meses de prisión, multa de 116.100 euros e indemnizaciones que ascienden a 220.000 por causar ruido con grave riesgo para la salud, todos los veranos entre 2002 y 2006, a los encargados de explotar el local de ocio Coast Line, ubicado en Sant Antoni, por exceder durante cinco años el nivel de sonido permitido tanto durante el día y la noche, a través de varios equipos y altavoces, espectáculos pirotécnicos, pitos y timbales.
El escrito de acusación del fiscal se dirige contra F.S.M. y F.C.P, administradores de la entidad Baroque Affairs S.L., encargada de la explotación del local, cuya clausura solicita. La acusación pide asimismo que los procesados indemnicen con 20.000 euros a cada uno de los 12 vecinos que resultaron afectados por los hechos y que entre 2002 y 2006 sufrieron como consecuencia ansiedad, estrés, nerviosismo, insomnio y angustia.
El juicio se celebra el lunes que viene por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma que se desplaza a Eivissa. Sobre ambos pesan un delito contra el medio ambiente, en su modalidad de contaminación acústica, y 11 faltas de lesiones.
Los propietarios fueron denunciados en diversas ocasiones y contra su establecimiento se incoaron hasta 17 expedientes de infracción, 15 de los cuales se saldaron con sanciones de 150 euros a las no hicieron frente.
El Coast Line obtuvo licencia de apertura en julio de 2002 como restaurante y café concierto, con la condición de que la actividad se desarrollara dentro del local, con puertas y ventanas cerradas, que además debían cumplir las condiciones de aislamiento.
Pese a ello, los propietarios infringieron de forma sucesiva estas prohibiciones mediante actividades cuyo volumen excedía los máximos permitidos por las normativas reguladoras, pese a ser «absolutamente conocedores» de los padecimientos que estaban sufriendo los vecinos de la zona.