Baleares planta cara al reparto de ‘menas’ y endurece sus medidas de control

La presidenta del Govern, Marga Prohens, fue este jueves muy contundente al pronunciarse sobre la grave crisis migratoria que afecta en estos momentos a Baleares. Mostrando su indignación ante la pasividad que está mostrando el Gobierno del socialista Pedro Sánchez ante el problema, Prohens ha advertido sobre quienes llegan a las Islas a bordo de las pateras: «No sabemos quiénes son, de dónde vienen, a dónde van ni cuánto tiempo se quedan».

La falta de información, afirmó Prohens, es responsabilidad del Gobierno central, que, según denunció, no proporciona ni al Govern ni a los consells insulares ningún dato sobre los inmigrantes irregulares llegados a bordo de estas embarcaciones. De ahí que en la reunión mantenida este jueves por la presidenta con sus homólogos de los consells se haya acordado pedir a la Unión Europea que active en las Islas los dispositivos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, más conocida como Frontex. Esta policía europea cuenta con personal especializado en el control de las fronteras y de la inmigración y, además, dispone de medios como aviones, radares y drones.

Prohens dejó claro que la petición de la activación de Frontex en las Islas es competencia del Gobierno de Sánchez. Sin embargo, ante la pasividad que éste muestra hacia el problema en el archipiélago, será la propia presidenta la que lo solicite a finales del mes de septiembre en la reunión que mantendrá con el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner. Un encuentro al que también asistirán los presidentes de los cuatro consells insulares.

Por otro lado, tanto Prohens como los presidentes insulares criticaron duramente este jueves al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, por negarse a asistir a la reunión celebrada en Palma. Y es que difícil será que el Govern y las instituciones insulares puedan afrontar la crisis migratoria sin la cooperación del Estado, que es el que tiene las competencias más importantes en esta materia. «Esta reunión se tenía que haber celebrado en la Delegación del Gobierno», destacó Marga Prohens, «porque es quien tiene las competencias y las herramientas. Este es un problema que no tiene visos de solución y será cada vez más preocupante y alarmante». Prohens apuntaló esta afirmación en las cifras: en lo que va de año, han llegado a las costas baleares a bordo de las pateras 4.700 inmigrantes irregulares, el doble de los llegados entre enero y agosto de 2024. En tan solo 20 días de este mes de agosto, han arribado al archipiélago 1.500 inmigrantes. Cifras que, subrayó Prohens, demuestran que la ruta argelina está más que consolidada. Es más, según denunció la presidenta, es la ruta de inmigración irregular que más crece en estos momentos en toda la UE.

Ante esta situación, el Govern y los consells acordaron mantener la línea de exigencia ante el Gobierno de Sánchez para que restablezca las relaciones diplomáticas con Argelia, controlando así el flujo migratorio desde el origen. También se acordó solicitar a la UE la activación de Frontex. Y, finalmente, buscar estrategias legales que permitan afrontar la crisis que, a su vez, ha generado la avalancha de inmigrantes menores de edad en los sistemas de protección insulares. De este modo, el Govern presentará un recurso contra el decreto del Gobierno central del pasado 22 de julio que regula las medidas adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección de la infancia y adolescencia migrante no acompañada. Además, en cuanto el Consejo de Ministros dé luz verde de forma definitiva al reparto entre todas las comunidades (salvo Cataluña y el País Vasco) de los menores llegados a Canarias, el Govern presentará ante el Tribunal Supremo un recurso pidiendo la suspensión cautelar del mismo y medidas como la paralización de este reparto.

La respuesta

La primera reacción del Gobierno a la decisión de Baleares no se ha hecho esperar. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha recriminado al Govern su intención de solicitar medidas cautelares para frenar el reparto de menores migrantes que previsiblemente comenzará la semana que viene y consideró que su negativa a acogerlos no es debido a la «falta de medios» sino al «racismo».

Así se expresó este jueves en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Bluesky, en el que cita una información periodística sobre del recurso que el Govern pretende interponer ante el Tribunal Supremo para evitar que lleguen al archipiélago 40 menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta. «El Govern de Prohens ni siquiera acudió a la convocatoria de la última Conferencia Sectorial de Infancia en la que se iba a aprobar un reparto de fondos extraordinario de 22 millones de euros para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. No es falta de medios, es racismo», sentenció Rego.

El Govern endurece las medidas para los jóvenes migrantes no acompañados

Con el aluvión de las últimas semanas de pateras arribadas a las costas de Balears, la llegada de menores migrantes no acompañados también se ha intensificado. Con un Govern balear que se niega a acoger a más jóvenes extranjeros no acompañados del reparto de menores, el Ejecutivo autonómico ha decidido endurecer los criterios para estos menores a la hora de acceder a ciertas prestaciones sociales.

De esta manera, la presidenta Marga Prohens anunció ayer que el Govern seguirá realizando las pruebas específicas a los menores migrantes que lleguen para poder determinar la minoría de edad, como por ejemplo las pruebas bucodentales que se decidieron aplicar junto con la Fiscalía de Menores balear.

De igual manera, el Ejecutivo de las Islas exigirá un mínimo de tres años de tutela a los jóvenes para poder acceder a las ayudas a la emancipación, como los pisos para extutelados.

«Un perfil habitual de los que llegan a nuestras Islas son jóvenes, hombres, argelinos, de entre 16 y 17 años. Esto implica que ni tan solos los podemos obligar a estar escolarizados y por tanto formar e integrar», explicó Prohens. Con la exigencia de los tres años «al menos tendrán que estar un año escolarizados y así formar parte del sistema de acogida y tutela», añadió.

Por otro lado, se pedirán tres años de residencia a estos migrantes para poder acceder a la renta social e itinerarios obligatorios de inserción laboral, además de los cinco que ya se piden para poder entrar en los programas de promoción de vivienda pública.

En la nueva Direcció General d’Inmigració se reforzará el servicio para fomentar la integración y la inclusión de la inmigración regulada para las personas «que vienen a aportar».

«Creemos en una inmigración legal, ordenada y con un patrón de crecimiento sostenible y absorbible para nuestras islas», señaló la líder del Ejecutivo. «Queremos ayudar, integrar y facilitar la vida a aquellos que vengan a trabajar y a integrarse en unas normas, leyes, una cultura y un sistema de vida», añadió.

Con las medidas, el Govern busca desincentivar el «efecto llamada», ya que «los que vengan con otras intenciones encontrarán nuestra oposición».