A pesar de que datos significativos del expediente de adjudicación de los quioscos de playa han sido publicados por un digital cercano al presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, este ha anunciado este martes que estudia tomar medidas contra las «filtraciones que se están produciendo a determinados medios de comunicación, incluso de asuntos legalmente sujetos a secreto». En un comunicado, Córdoba ha asegurado que tiene «la firme determinación de abordar» estas filtraciones que, ha añadido, «han afectado tanto a la imagen institucional como a la privacidad de algunos de los trabajadores del Consell». Un anuncio formulado el mismo día en el que se ha conocido que el presidente ha sido recusado por la representación legal de los adjudicatarios de quioscos mejor valorados por la mesa de contratación.
En la misma nota, Córdoba ha dejado patente su «preocupación por las múltiples filtraciones de información, algunas de las cuales involucran asuntos legalmente protegidos». Y ha señalado que estas informaciones «parecen tener como objetivo principal menoscabar» su propia reputación «y la de ciertos miembros del equipo del Consell». Así, Córdoba ha apuntado directamente a sus exsocios de coalición, Sa Unió, al asegurar que tras su decisión de destituir a José Alcaraz, hoy conseller portavoz, «se han producido numerosas filtraciones de documentos internos del Consell Insular, incluidos registros de entrada de los trabajadores al área de Recursos Humanos, asuntos administrativos, contratos todavía no publicados en el portal de transparencia, incluso borradores de actas de junta de gobierno». Actas que, ha señalado, están «sujetas legalmente a secreto». Lo cierto es que desde Sa Unió y la oposición se le ha exigido, incluso en un Pleno, que apruebe el acta de la Junta de Gobierno celebrada el pasado 25 de marzo. Un acta en la que consta que el presidente admitió que había hecho él mismo el cálculo de las horas de trabajo que deberían realizar los trabajadores contratados por los adjudicatarios de los quioscos de playa. En la misma reunión, además, Córdoba se mostró muy agresivo contra el secretario de la institución, Ángel Custodio Navarro. Esta información la dio a conocer Sa Unió durante la celebración del Pleno extraordinario en el que se exige a Córdoba que lleve a la Junta de Gobierno para su aprobación este acta así como la propuesta de adjudicación de los quioscos redactada por la mesa de contratación.
Se siente víctima
En su comunicado, Córdoba se ha presentado como víctima de estas filtraciones pues interpreta que las mismas tienen como objetivo «menoscabar» su imagen y las achaca a «un círculo muy restringido de personas con acceso a la información privilegiada, lo que agrava ya de por sí la gravedad del asunto».
Ante estos hechos, Llorenç Córdoba ha advertido que estudia llevar estas filtraciones a la comisión del Código Ético insular, con el fin de que «se tomen las medidas correspondientes para proteger la integridad de los trabajadores y funcionarios y preservar la confidencialidad de la institución».