Los adjudicatarios de los quioscos que tuvieron una mejor valoración por parte de la mesa de contratación del Consell de Formentera han presentado este martes un escrito de recusación contra el presidente de la institución, Llorenç Córdoba, y la letrada insular de Recursos Humanos, Teresa Ferrer. El escrito ha dado pie a que el secretario insular, Ángel Custodio Navarro, haya decidido suspender la Junta de Gobierno que debía reunirse hoy miércoles para dar salida a estas controvertidas adjudicaciones por «motivos legales sobrevenidos». Navarro tiene ahora tres días para estudiar el documento, firmado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid y abogado Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid.
Los argumentos
Jiménez de Cisneros representa en este caso a las empresas Mar y Playa 2 SL, Apartamentos Castaví SA, Paraíso de los Pinos SA, Delle Vittorie SL, Monolisto 2016 SL, Far Away La Mola SL y Ojalá Formentera 3 SL. Todas ellas obtuvieron la mejor puntuación en la valoración realizad por los técnicos de la mesa de contratación. La propuesta de este organismo, sin embargo, no es aceptada por Córdoba, que pretende declarar desierto el concurso aferrándose a dos informes jurídicos, uno de ellos elaborado por la letrada de Recursos Humanos del Consell, Teresa Ferrer. Según el documento de recusación presentado por Jiménez de Cisneros, Ferrer no podría haber realizado este informe dado que es la presidenta de la Obra Cultural Balear (OCB) en Formentera, entidad a la que Llorenç Córdoba adjudicó directamente una subvención de 11.000 euros el pasado 29 de febrero. Días más tarde, en marzo, Ferrer realizaba el informe con el que Llorenç Córdoba daba visos de legalidad a su decisión de declarar desierto el concurso.
Ante estos hechos, el representante de los adjudicatarios plantea en su escrito de recusación diversas preguntas: «¿Con qué objetividad informaba la letrada recusada en marzo de 2024 al Presidente del Consell si unos día antes este le había concedido una subvención directa a la asociación que preside? ¿La imparcialidad que se presume a una empleada pública no se encuentra en tela de juicio si el sr. Lorenzo Córdoba Marí le solicita un informe a la sra. María Teresa Ferrer Escandell y de forma casi simultánea a su emisión el primero le otorga una subvención directa a la asociación que preside esta letrada?».
En el mismo escrito de recusación, el abogado recuerda que en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 8 de marzo, Córdoba admitió «la negativa de los técnicos a suscribir un informe defendiendo declarar desierta la licitación». Una «situación de bloqueo que se superó con la intervención, condicionada por la subvención directa y por tanto parcial y sectaria» de la letrada de Recursos Humanos del Consell.
A juicio de Jiménez de Cisneros, la letrada «tenía un interés personal en la emisión del informe», por lo que este debería quedar desacreditado. Además, plantea el experto, este «conflicto de intereses conlleva un riesgo cierto de favoritismo o prácticas corruptas y genera unas dudas sobre la objetividad de la letrada recusada que le impiden participar en este procedimiento».
Fecha clave: 25 de marzo
En el documento de recusación, Jiménez de Cisneros denuncia también lo sucedido en la Junta de Gobierno el pasado 25 de marzo. Un encuentro cuya acta Córdoba se niega a aprobar y durante le cual, afirma el abogado, el presidente «reconoció que los cálculos contenidos en el informe de la letrada para sostener que se incumplía la normativa laboral los había elaborado él mismo». Esta sería la razón por la que el presidente insular se opone a aprobar el acta de la reunión.
A todo esto se suma, según figura en el escrito, el hecho de que el informe elaborado por la letrada de Recursos Humanos sea «aparentemente» una copia de «las alegaciones presentadas por uno de los licitadores que intervino en el proceso de licitación». Y cita a Bartolomé Escandell, que aspiraba a gestionar el quiosco de la playa de es Copinar.
En este punto, Jiménez de Cisneros acusa a la letrada de «fusilar las alegaciones presentadas por un licitador, sin realizar ninguna mención a las mismas u observación crítica». Y añade que tampoco constaría en su informe «ninguna aportación adicional, limitándose a asumir las alegaciones que se han mencionado». «Esta conducta, coordinada con la del presidente del Consell Insular, demuestra un claro interés personal en declarar desierta la adjudicación», concluye al respecto el abogado.
En el mismo escrito, se acusa a Córdoba de haber empleado la «agresividad» en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 25 de marzo. Y se señala que tiene un «interés personal más que evidente» en declarar desierto el concurso, «ya sea por elaborar personalmente los cálculos en los que se basa el informe que se esgrime para declarar desierta la licitación o por adoptar íntegramente la posición recogida en las alegaciones remitidas por un licitador y tratar de incorporarlas al expediente como un informe jurídico, ocultando su procedencia y los intereses que defiende» este aspirante.
«Montaje» de Córdoba
«Estamos», concluye Jiménez de Cisneros, «ante un simple montaje donde el presidente del Consell Insular de Formentera ha buscado la intervención de María Teresa Ferrer para colar (por la puerta de atrás) en el expediente las alegaciones presentadas por un licitador. O, dicho directamente: el presidente ha tratado de hacer pasar las alegaciones presentadas por un competidor como un informe de la referida letrada».
Responsabilidades penales
En su escrito, el abogado acusa a Córdoba de «desfachatez», de «tejemanejes», de falta de objetividad y neutralidad y de llevar a cabo prácticas propias de los «oscuros años de autoritarismo y zonas inmunes al Derecho y al control judicial». Advierte de que el presidente «ha desbordado ya los límites del Derecho Administrativo para situarse sin ningún género de dudas en el ámbito funcional del Derecho Penal, responsabilidad que exigiremos en su momento sin ninguna flaqueza de ánimo o componendas».