El Govern vincula la querella presentada por UGT y su entonces secretario general Lorenzo Bravo contra el president José Ramón Bauzá a los controles del Ejecutivo sobre los cursos de formación a los sindicatos y al recorte de las subvenciones.
La relación la estableció ayer la consellera portavoz del Ejecutivo, Núria Riera, al valorar la decisión del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma de admitir la querella por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. El Ejecutivo recurrió a la Abogacía de la Comunitat para presentar una demanda contra Bravo por llamar «fascista» a Bauzá. La querella fue archivada y el Govern recurrió.
Riera justificó la utilización de los servicios jurídicos. De hecho, consideró «coherente» la actuación del gabinete y añadió leña al fuego de la polémica .
Procedimiento
«No quiero pensar que la querella tenga que ver la decisión del Govern de poner orden a determinadas actuaciones», dijo la portavoz para concretar que, efectivamente, se refería a las subvenciones por formación a sindicatos y asociaciones empresariales. El Ejecutivo del PP, también limitó el número de ‘liberados'.
El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Palma, Antoni Garcías, ha dado dos opciones a Bauzá y Gómez para que impugnen la querella: mediante un recurso de reforma y subsidiario de apelación, en un plazo de tres días, u otro de apelación directo, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
En el de reforma y subdidiario de apelación, el recurso lo resuelve el propio magistrado, y si su decisión es contraria a lo que pretenden las defensas de Bauzá y Gómez, tendrá que pronunciarse la Audiencia de Palma, al igual que si el recurso lo es en apelación directa. Si el tribunal acuerda que la querella debe seguir su trámite en el juzgado de instrucción, el juez citará al president y al vicepresident del Govern en calidad de imputados. Más adelante, y tras la práctica de todas las diligencias y pruebas, el magistrado decidirá si hay motivos suficientes para elevar la causa a la Sala de lo Civil y Penal del TSJB, dada la condición de aforados de Bauzá y Gómez, o lo archiva.
Bauzá y Gómez pueden, en cualquier caso, negarse a prestar declaración ante el juez y hacerlo directamente en el TSJB.
Venga llepar!. Aquest govern és un desastre i no té remei.