Los sindicatos temen que haya una fuga de profesionales sanitarios por la exigencia del catalán. Los representantes de los trabajadores de la sanidad pública muestran su preocupación por esta medida y las consecuencias que pueda suponer.
El Sindicato Médico teme que pase como en Menorca en el que hay varios médicos dispuestos a marcharse ante la exigencia de la administración de que se acredite el catalán. En Ibiza incluso algunos no sólo han expresado su descontento sino que están dispuestos a marchase como el caso de un profesional que ha presentado la documentación para las oposiciones en otra comunidad. «Tiene aquí su familia y una plaza estable en Ibiza pero si aprueba la oposición se va y como él, hay muchos», advierte Carlos Rodríguez, del Sindicato Médico. El portavoz del Sindicato pone el ejemplo de los radiólogos contratados en Can Misses: «Hay cinco en lugar de los diez que se necesitan porque no hay médicos. Uno es de León, otro de Chile y otro de Venezuela. Si se les exige el catalán se largan; se puede defender la lengua de otra manera», dice. Rodríguez, que se confiesa catalanoparlante, advierte de que «esta medida es peligrosa, es una manera de separar a la gente».
Algunos médicos han alzado voces «pidiendo la huelga o recogida de firmas, pero vamos a utilizar la legalidad para ver si esto es denunciable», apunta Carlos Rodríguez. Recuerda que en otras comunidades como el País Vasco, «el euskera es un mérito, no un requisito; en todas menos en Cataluña es un mérito». Desde el SATSE aseguran, por su parte, que hay mucha preocupación: «Hay gente que está disgustada y dice que se quiere ir».
Sindicato Médico y SATSE no se presentaron a la reunión de hace una semana con la administración ni a la de la mesa sectorial de Sanidad, pero sí el resto de sindicatos con representación en el ámbito sanitario, como el caso de Comisiones Obreras. Silvia Fernández, de CCOO de Can Misses, precisa que no quiere «la discriminación de una categoría, no puede ser para unas sí y otras no; queremos un acuerdo». Asegura que en las contrataciones actuales «se contrata sin el catalán», pero no quiere volver a situaciones como en 2009, «en el que las auxiliares de enfermería tenían que ir con el catalán en la boca y a los médicos y enfermeras se les concedió una moratoria; que sea para todos por igual».
En UGT también hay preocupación. «Hay gente que lleva más de 20 años trabajando y no se va a poder presentar por el catalán», dice Pedro Campillo. El delegado sindical de UGT se refiere a celadores y administrativos con dos empleos. «Cuando salen de trabajar en Área de Salud se van a pintar casas o de taxistas. Cobran 1.100 euros al mes. No todo el mundo tiene un sueldo de 4.000 euros», explicó. Campillo defiende que la administración facilite las herramientas para que los trabajadores puedan acreditar el uso de la lengua con formación en el horario laboral
Partidario de que el catalán sea un requisito, asegura que «utilizar la sanidad como herramienta para normalizar el uso del catalán es una torpeza; la sanidad está para solucionar los problemas de salud de la gente».
El sindicato CSIF, que interpuso un contencioso por la discriminación de las categorías en el tema del catalán, no descarta manifestarse ni emprender acciones legales si se aprueba el decreto. «Hay mucha gente preocupada. Muchos se tendrán que ir cuando acaben sus contratos. Están muy desanimados», apostilló Luis Apolinar.
LA NOTA
«O saco el catalán o preparo las oposiciones»
«O me saco el catalán o me preparo las posiciones». Esta es la tesitura que se plantea María, el nombre ficticio de una auxiliar de enfermería que lleva nueve años trabajando en el hospital Can Misses. «Recién llegada hubo otra convocatoria en la que exigían el catalán y ahora volverán a salir las oposiciones con las mismas condiciones», relata. Acudió a cursos y consiguió acreditarse el A2. Protestó en su día por lo que considera un agravio comparativo al pedir el catalán a su categoría profesional pero no a los de nivel superior. «Tuve un montón de apoyo porque todos somos personal sanitario y trabajamos en equipo. Todos formamos parte del engranaje», explica. Asegura que con esta medida, «la gente no va a venir a pagar alquileres abusivos y habrá más precariedad laboral», vaticina.