La presidenta del Govern, Francina Armengol, defendió ayer en el pleno del Parlament el decreto de Salud y recalcó que «ninguna plaza sanitaria quedará sin cubrir por ninguna razón lingüística», mientras que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Margalida Prohens, anunció que su partido lo derogará «de aquí a un año y medio».
Armengol aclaró a Prohens que el decreto sobre los requisitos de catalán para acceder a plazas en el Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) no está aprobado, sino que «aún está en tramitación» y remarcó que «lo que dice el decreto» es que «no habrá ninguna plaza sanitaria que no quede cubierta por una cuestión de requisito lingüístico».
«Está muy bien que lo clarifique que vuelve el PP de Bauzá, si vuelve Company. No se preocupe que haremos lo posible para que eso no sea una realidad», le replicó la presidenta a la portavoz del PP después de que ésta asegurara que derogarán el decreto si vuelven a gobernar.
Así, la jefa del Ejecutivo balear explicó que «tenemos una Ley de Función Pública que establece que habría un decreto específico en términos de acceso a la función pública en la Salud», al tiempo que acusó al PP de «hacer demagogia y de utilizar la lengua para dividir y nunca para unir que es lo que debería ser una lengua vehicular en esta Comunidad Autónoma».
«En esta Comunidad hay dos lenguas oficiales, una lengua propia que también hay que proteger», añadió Armengol al respecto.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular recordó a Armengol que todos los sindicatos representados en la mesa sectorial de aprobación del decreto que «impone el catalán como requisito en la sanidad pública» se abstuvieron o se mostraron en contra de dicho requisito, a excepción de la Administración, que se postuló a favor.
Así, Prohens instó a Armengol a que «reconozca» que se ha equivocado y le preguntó «cómo valora la huida de profesionales sanitarios que denuncian los sindicatos».
Prohens señaló que todas las personas que se han mostrado en contra del decreto de catalán en sanidad «no tienen manía persecutoria contra la lengua catalana. Usted lucha contra molinos de viento de sus socios radicales, que a la mínima le dejan en evidencia. El precio de la silla sigue siendo demasiado alto», aseveró la ‘popular'.
«Su Govern prefiere legislar contra profesionales y sindicatos que supuestamente defender a los usuarios», le espetó Prohens a Armengol, a quien le recordó que «tan sólo 7 usuarios de 100.000 en total han puesto quejas lingüísticas».