Nieves Acero Guasch es una de las médicos afectadas por el decreto de capacitación lingüística. «Para las oposiciones que están al caer no me puedo presentar», se lamenta esta médico de familia del centro de salud de Santa Eulària. Nieves, de madre ibicenca, nació en Granada, estudió en Málaga y vino a trabajar a Ibiza. «En 2010 cuando terminé la especialidad me vine a Ibiza. Ahora trabajo en Santa Eulària donde tengo una interinidad», dijo.
El catalán no le ha supuesto ningún problema en su trabajo. «La gente es muy respetuosa. Nunca he tenido dificultades para la comprensión», relata. De hecho, cuenta con el nivel B de acreditación de catalán cuando era considerado como un mérito para acceder a la administración pública. «Me parece bien que se valore, no que sea un impedimento porque entonces no hubiera podido optar a trabajar en Ibiza», defiende.
Nieves no oculta su malestar por la situación. «Me da rabia que una cuestión política acabe generando un problema real», se lamenta. En su opinión, «es una manera de discriminar; la lengua tiene que enriquecer pero lo que se hace es discriminar y separar». La doctora está mirando si finalmente le convalidan su nivel B con el que se exige como requisito, el B2, «dicen que se convalida con un B1».
El decreto contempla una moratoria de dos años en el caso de que por necesidades asistenciales no haya suficientes candidatos, un problema de la sanidad ibicenca y desde el Área de Salud aseguran que los profesionales pueden presentarse a las oposiciones, tengan o no el requisito. Sin embargo, Nieves Acero confiesa que la imposición «te echa para atrás, se te quitan las ganas, porque al problema de la vivienda se suman más dificultades». Nieves insiste que el catalán «no es un problema real; al paciente le preocupa que haya recursos y que se le atienda de la mejor manera posible; todo esto está siendo un poco desconcertante», apostilla.