El PSIB ha entregado a Més una versión más rebajada del decreto de catalán, que establece esta lengua como requisito en el ámbito sanitario, pero incorpora una serie de excepciones. Quiere agotar todos los plazos antes de explorar otras vías.
Més se ha avenido a negociar sobre esta versión, que coincide con los planteamientos iniciales de los socialistas.
La portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, reconoció ayer que «no hay consenso suficiente» respecto al primer borrador y precisó que están trabajando «intensamente» en el «contenido» del mismo. Después del Consell de Govern, que analizó este asunto, Costa indicó que existen «matices y colores diferentes» y que es «una evidencia» que la iniciativa «no ha tenido apoyo» parte de la sociedad. Sobre cómo finalizará la negociación y la retirada del decreto mantuvo que no puede «adelantar» qué ocurrirá «en diez o quince días» y que no está en disposición de conocer «qué pasará y si se aprobará de una manera u otra».
El Ejecutivo está dividido sobre este asunto y las declaraciones de Costa lo ponen de manifiesto. Ayer, Més amagó con convocar una reunión urgente de la Ejecutiva si el PSIB optaba finalmente por otra fórmula para resolver esta cuestión y dejó claro que el decreto es «irrenunciable».
El IB-Salut tiene previsto convocar oposiciones para cubrir 3.876 plazas en tres años y rebajar así la interinidad del sector sanitario. Lo que ocurre es que antes tienen que quedar reguladas las excepciones para el conocimiento del catalán y los niveles que se exigirán en cada oposición. Més mantiene que sólo se puede hacer a través de decreto y esa es la primera opción del Ejecutivo.
Los servicios jurídicos del Govern han analizado diferentes escenarios, en principio todos parten de un decreto pero también está sobre la mesa alguna instrucción u orden del IB-Salut. Admite que eso da menos seguridad y lo que se pretende es blindar las convocatorias del posible recurso. Hace ocho años que no se convocan oposiciones en la sanidad pública.
El actual Govern modificó la Ley de Funció Pública para que el catalán dejara de ser un simple mérito para trabajar en la Administración y que pasara a ser un requisito. La norma ya prevé una modulación especial en el caso de la sanidad, pero es preciso un desarrollo reglamentario. Fue Més quien aportó la primera versión del decreto.
Este grupo considera que ceder en este punto sería reconocer la victoria de la ‘marea blanca' y del PP. Para el próximo día 18 hay convocada una manifestación en Palma para reclamar la retirada del decreto.
La respuesta de Company
El presidente del PP, Biel Company, afirmó ayer que «Armengol es más catalanista que los propios catalanes. Allí no se exige el catalán como requisito».
Company añadió que «la presidenta ya tuvo en su día un rifirrafe con Més cuando el BOIB publicó una norma que después le dijeron que tenía que quitar y que sigue vigente. La cuestión del catalán es muy grave y la máxima responsable de que no se halle una solución es Armengol».
Siguiendo con su diatriba, Company señaló que «no se entiende que Armengol quiera ser más papista que el Papa en un asunto tan delicado como es mermar la calidad de la sanidad balear». También ve a la presidenta «asustada» por la convocatoria de una manifestación. Se preguntó si «recula o no recula» pero «cuando volvamos a gobernar derogaremos esta norma».
Por otra parte, los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Sanidad piden al IB-Salut que convoque una reunión para informar de en que situación está el decreto que no contó con ningún voto favorable de los representantes de los trabajadores. La mayoría de las organizaciones sindicales exigen que el catalán siga siendo un mérito en la sanidad pública y que, en caso de que sea un requisito con excepciones, éstas incluyan a todas las categorías profesionales.
EL APUNTE
La Obra Cultural Balear llamará a la movilización de la sociedad civil
La Obra Cultural Balear (OCB) recalcó ayer que «no se puede conculcar ningún derecho del paciente, entre ellos, el derecho de poder expresarse en catalán, lengua propia de este país» y anunció que no descarta «ninguna medida, incluso la movilización de la sociedad civil». En un comunicado emitido este viernes, el presidente de la entidad, Jaume Mateu, señaló que «no permitirá ningún retroceso en derechos lingüísticos»