«Mientras los okupas campan a sus anchas, la mayoría de propietarios que viven en este complejo no quieren utilizar las zonas comunes de la comunidad porque se sienten amenazados». Con estas palabras tan rotundas, Aitor Ferrer uno de los integrantes de la empresa Desokupa justificó ayer la ausencia de vecinos en el interior de la urbanización.
Según Ferrer, la presencia de estos habitantes ilegales, que todavía permanecen en Punta Arabí, y sus mascotas está condicionando totalmente la vida de los residentes. «Los vecinos no quieren ningún tipo de convivencia con los okupas. Prefieren quedarse en casa antes que compartir espacio físico con ellos. Tienen miedo», destacó.
Paralelamente, algunos de los okupas, asentados en las zonas comunes desde el mediodía, empezaron a pasear por los aledaños del recinto ajardinado. Otros, sentados sobre unas sillas de madera con pajas, reían y compartían experiencias. «Nosotros estamos muy tranquilos. No estamos haciendo nada malo. Somos los primeros que queremos vivir en paz», afirmó el okupa Raúl Burgado.
Orden judicial
Varios de los habitantes ilegales, que ayer se dejaron ver por el recinto de Punta Arabí, aseguraron que han solicitado «un alquiler social para okupas vulnerables».
No obstante, también afirmaron que no tienen prisa por abandonar estos apartamentos turísticos. «De momento, estamos muy serenos. No nos iremos de nuestras viviendas hasta que una orden judicial de desalojo nos obligue», apuntó José Gallardo mientras le daba la última calada a su cigarro. Esta intención okupa fue desmentida ayer totalmente por la empresa que dirige Daniel Esteve, puesto que desde la agrupación afirmaron que si estos habitantes están retrasando el abandono del complejo es porque «están esperando que los de la avanzadilla encuentren algún hotel abandonado en la isla que puedan asaltar».
En este sentido, puntualizaron que, dentro del parámetro legal, desde Desokupa están intentando agilizar todo el proceso de desalojo para que los nuevos gerentes del complejo, la cadena hotelera MIJ, disponga de estas instalaciones lo antes posible.
Asimismo, señalaron que lo tienen todo «bajo control» y que las personas que se resisten a desalojar estos apartamentos, más de 50, no tardarán en irse. De momento, además de recopilar información sobre la comunidad de propietarios, los miembros de Desokupa están marcando con una pequeña cruz las viviendas que siguen ocupadas. «La entrada y los posibles accesos al complejo están vigilados», señalaron.
Sin embargo, los okupas, según indicaron ayer, llevan días utilizando la parte de atrás del sendero, que está enfrente del acantilado, para salir a comprar. «Los de Desokupa saben que nos escapamos por esta zona, pero no lo impiden», apuntaron. Por su parte, Daniel Esteve señaló que, aunque tienen unidades en todos los puntos de la urbanización, el complejo es enorme y «no pueden abarcarlo todo».
«Que entren o salgan nos da igual. El problema es que sigan con la okupación. La Guardia Civil, entre hoy y mañana, identificará a los pocos que quedan y, entonces, serán denunciados», apuntó Esteve.