El fin de la impunidad de las irregularidades del complejo turístico Casa Lola ya tiene fecha: el 9 de agosto a las 9:00 horas de la mañana. En ese momento el Ayuntamiento de San José procederá a la entrada a la finca para derruir todas las construcciones ilegales que se llevan haciendo en la propiedad desde el año 2010.
Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde del municipio, Ángel Luis Guerrero, al dar a conocer el auto judicial que ha adelantado en exclusiva Periódico de Ibiza y Formentera y por el que se da luz verde a la entrada a la finca para poder restituir la legalidad.
Guerrero ha insistido en que, aunque la propiedad dispone de un plazo de 15 días para recurrir la decisión judicial, en ningún caso esto retrasará la entrada en casa Lola. «Al tratarse de un acto Ejecutivo, el hecho de que se presente un recurso no modificaría el plazo»,ha recordado el primer edil, «porque ya no se discute el derribo. Tenemos la potestad y la obligación de entrar», ha añadido. «Solo se retrasaría por una medida cautelarísima impuesta por el juez, y no se dará el caso».
El primer edil ha destacado a su vez que, aunque aún no está terminado el proyecto de derribo, «tendrá un coste aproximado de 300.000 euros y durará entre dos y tres semanas» porque, además de derribar todo lo ilegal, «hay que tratar todos los residuos». En total habría que derribar 1.892 metros cuadrados de superficie edificada ilegalmente.
Posteriormente, se reclamará el importe de estos trabajos a la propiedad, junto a la multa correspondiente a las reiteradas infracciones urbanísticas que han cometido «empezando a contar desde que la propiedad ignoró la primera orden de paralización de las obras sin licencia en la finca en diciembre de 2012».
«Histórico»
El alcalde de Sant Josep ha calificado de «histórica» la jornada del jueves, cuando recibió el auto judicial, porque después de más de 12 años de lucha «por fin esta empresa va a dejar de trabajar de manera impune». «Se ha acabado la impunidad», ha insistido, «no podemos dejar que cualquiera que tenga dinero venga a Sant Josep a hacer lo que quiera».
Las obras realizadas sin licencia y vulnerando la protección del suelo vigente, por lo que se han considerado ilegalizables, consisten en una piscina y terraza anexas al edificio principal, un porche, una edificación anexa de alrededor de 50 metros cuadrados, los cimientos de una edificación de alrededor de 30 metros cuadrados, una edificación de unos 50 metros cuadrados situada en la zona norte de la parcela y cerca del camino de acceso, dos edificaciones que forman una L de una superficie de 200 metros cuadrados y un depósito de agua con una superficie aproximada de 52 metros cuadrados.
Asimismo, también son ilegales e ilegalizables, por lo que también serán derruidos, ocho volúmenes de planta baja con una superficie construida total de 933 metros cuadrados, terrazas cubiertas con una superficie total de 342 metros cuadrados, terrazas abiertas con una superficie total de 414 metros cuadrados, dos piscinas con una superficie de espejo de agua de 84 y 68 metros cuadrados respectivamente, una cisterna en construcción de 36 metros cuadrados de superficie y divisiones interiores mediante bloques prefabricados de hormigón y piedra natural con una edificabilidad total aproximada 1.104 metros cuadrados.
Ángel Luis Guerrero adelantó además que los próximos meses se producirán más órdenes de derribo de obras ilegales en el municipio: una de ellas muy cerca de Casa Lola, otra en cala Compte y otra en Cas Costas. Al menos una de estas órdenes de derribo estaría relacionada con la propiedad de Casa Lola y otra con el magnate ruso Vladislav Dorinin.
El apunte
La sanción podría alcanzar los 1,7 millones de euros
Una vez cerrado el expediente de restablecimiento de la legalidad de la finca que ocupa Casa Lola el Ayuntamiento de Sant Josep reemprenderá el expediente sancionador contra sus propietarios y promotores, a los que se considera responsables de una infracción grave. La propuesta de sanción era inicialmente de 1,4 millones de euros, pero a esta cifra hay que añadirle la reclamación correspondiente al conste de la ejecución subsidiaria asumida por el Consistorio (unos 300.000 euros). Esta última cantidad puede variar en función de la situación que se encuentren dentro de la finca, es decir, si los promotores derriban parte del complejo por su cuenta el importe será inferior.