Desde el año 2013 el Consell de Ibiza ha interpuesto cinco expedientes sancionadores en materia de turismo al complejo ilegal Casa Lola por un valor de 208.000 euros. A pesar de ello siguió ejerciendo su actividad de forma impune hasta que hace cuatro días se iniciaron las actuaciones de derribo del complejo por parte del Ayuntamiento de Sant Josep.
En la presente legislatura se han abierto cuatro expedientes sancionadores, con 128.000 eurosde multa, que ya se encuentran en vía ejecutiva, explico el conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan. Frente a estos expedientes la propiedad interpuso tres recursos de reposición que fueron recientemente rechazados.
Desde el Consell detallaron que la propiedad de Casa Lola fue expedientada en 2013, con Carmen Ferrer como consellera de Turismo, por dos infracciones turísticas que sumaban una sanción total de 80.000 euros. Está multa ya ha sido cobrada por la institución.
Mariano Juan quiso señalar que durante la anterior legislatura, en la que gobernaban en coalición PSOE y Podemos, no se interpuso ningún expediente contra esta propiedad que ha ejercido ilegalmente su actividad durante una década.
Cambiar la ley
«El caso de Casa Lola es la constatación de que las leyes tienen que modernizarse. Sólo a base de sanciones no se solucionan estos problemas de intrusismo. Hace falta un gobierno balear valiente que cambie la ley para poder tomar medidas cautelares y se puedan clausurar los pisos turísticos», pidió el vicepresidente primero del Consell.
Explicó que la posibilidad de precintar pisos turísticos implicaría la suspensión completa de la actividad, dado que la ruptura del precinto conllevaría consecuencias penales, mientras que las sanciones en muchos casos son recurridas y el infractor persiste en su actividad.
Por otra parte, desde el Consell también explicaron que estaba en curso un expediente sancionador de carácter urbanístico contra otras obras ilegales en el complejo Villa Rocío, también propiedad de Francisca Sánchez Ordóñez, dueña de Casa Lola.
El Consell constató que se habían ejecutado obras ilegales en suelo rústico protegido, por lo que se instó a la propiedad a que las detuviera. Según constataron técnicos insulares las obras siguieron adelante, por lo que se interpusieron multas coercitivas notificadas por valor de 25.000 euros y alguna más en trámite.
El expediente administrativo supondría una sanción del 250% del valor de las construcciones ilegales, todavía por determinar.
Este procedimiento está suspendido al constatar un posible delito medioambiental, lo que llevó al Consell a trasladar las actuaciones a la Fiscalía, que actualmente estudia las posibles infracciones penales.