El vicepresidente primero del Consell d'Eivissa, Mariano Juan, ha mostrado este miércoles su sorpresa ante la decisión del Govern de Francina Armengol de aprobar vía decreto ley la clasificación de un solar en Can Raspalls como suelo urbanizable para destinarlo a la construcción de las viviendas con las que se compensará a los desalojados del complejo de apartamentos Don Pepe. Juan afirmó que, 24 horas después de haberse aprobado, nadie del Govern ha comunicado al Consell d'Eivissa esta decisión.
«Solo saben pactar decretos leyes en despachos de Mallorca y pasando del gobierno del Consell», lamentó el vicepresidente. Mariano Juan descartó hacer una valoración del decreto ley en sí porque, según insistió, su contenido se «ha ocultado y se sigue ocultando» a la máxima institución insular de Ibiza. «Van a decretazo por año», añadió, «lo hicieron en 2020 cuando suspendieron todos los suelos urbanos de Sant Josep y Sant Antoni, exonerando a Vila, eso sí, y sin consultar a nadie en Ibiza. Luego sacaron el decretazo turístico. Y ahora esto».
PP Sant Josep
Más duro ha sido este miércoles el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sant Josep, Javier Marí, quien señaló que nadie ha informado a los grupos de la oposición en el Consistorio de que el Govern iba a adoptar esta medida. Marí ha recordado que el Consell y el Ayuntamiento josepí habían llegado a un acuerdo para poner en marcha las normas subsidiarias provisionales, aprobadas inicialmente el pasado mes de noviembre, y sacar así adelante la tramitación de la nueva clasificación de este solar. «Ahora el Govern hace esto», según comentó indignado, «¿por qué no lo hizo en 2020?».
Javier Marí apuntó directamente hacia «el máximo responsable» de lo sucedido, el exalcalde, Josep Marí Ribas Agustinet, hoy conseller autonómico de Vivienda y Movilidad y candidato socialista al Consell d'Eivissa. Fue Marí Ribas quien activó el desalojo de los residentes en los Don Pepe por la supuesta amenaza de ruina de uno de los edificios y con la excusa de devolver este espacio a su estado natural. «La persona que, como alcalde causó todo el problema, ahora resulta que se presenta como salvador con este decretazo», destacó Javier Marí.
El concejal del PP también recordó que «los afectados están en situación de desamparo por culpa de este señor». Y mostró su preocupación por los convenios que han de firmar estos vecinos a cambio de los pisos que debe construir el Govern para compensarles: «¿Cuándo se les van a dar los pisos? ¿Qué tendrán que pagar? No se sabe absolutamente nada. A ver si va a pasar como lo del solar de Isidor Macabich».
Javier Marí, finalmente, subrayó que el PP apostó en su día porque los propietarios de los apartamentos Don Pepe pudieran realizar las reformas necesarias tanto en sus viviendas como en los dos edificios. «La solución», según comentó, «era una cuestión de voluntad política. Si ahora el Govern puede hacer un decretazo para el solar, ¿por qué no pudo hacerlo entonces para facilitar a los afectados las reformas de sus viviendas? Decían que no se podía modificar la ley para favorecer a unos propietarios en concreto pero ellos sí que han hecho un decreto ley para esto. Si querían llegar a este punto, ¿por qué no lo hicieron en 2020?», concluyó.
Los afectados de los Don Pepe aseguran estar «muy contentos» con el decreto de Armengol
La portavoz de los afectados por el desalojo de los apartamentos Don Pepe, Silvia Hernandez, se ha mostrado «muy contenta» tras la aprobación del decreto ley mediante el cual el Govern clasifica como suelo urbanizable la parcela en la que, si todo va según lo previsto, se levantarán los edificios con los que se compensará a estos ciudadanos. Hernández afirmó que es «una buena noticia» que demuestra que «las administraciones no dejan de trabajar».
Hernández recordó que la Administración en general «es complicada porque hay que hacer trámites que llevan su tiempo». Por ello agradeció que «ahora estén, sobre todo el Govern, mirando la forma de hacerlo todo más rápido». Este decreto, según abundó, «es un paso más y lo hará todo más rápido».
La portavoz de los vecinos ha admitido, sin embargo, que aún desconocen los plazos que barajan el Govern, el Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep para que los afectados puedan recibir sus nuevos pisos. En este sentido, explicó que «ahora están con el proyecto preliminar, que es saber cómo se urbanizará el terreno, cuántos edificios se harán, el diseño del piso piloto…». También indicó que aún no han sido informados sobre los costes que tendrán para los afectados las nuevas viviendas. En este sentido, Silvia Hernández afirmó que «las valoraciones no están aún acabadas».
A pesar de esta situación y de la incertidumbre, la portavoz del centenar de familias afectadas por el desalojo de los Don Pepe insistió en que la aprobación del decreto ley, acordada por el Consell de Govern autonómico el martes, «es una noticia buena porque irá todo más rápido». No obstante, Silvia Hernández pide a los afectados «tener un poquito de paciencia» porque, tal y como indicó, el proyecto conlleva unos plazos de tramitación.
El decreto ley fue aprobado por el Consell de Govern el martes y entró en vigor este miércoles. Ahora le toca al Ayuntamiento de Sant Josep tramitar la parte que le corresponde, así como decidir que fórmula empleará para hacerse con el terreno. El conseller Josep Marí Ribas Agustinet indicó sobre esta cuestión el martes que lo más probable es que se haga «por compensación». Si todo va según lo previsto, el Pleno de Sant Josep dará luz verde a esta tramitación en el mes de enero, aunque, según explicó la alcaldesa accidental, Pilar Ribas, si es posible agilizarlo, se aprobará en una sesión extraordinaria.