El Ayuntamiento de Sant Antoni está a la espera de la decisión que tome el nuevo Govern presidido por la popular Marga Prohens sobre el controvertido decreto de turismo de excesos, que fue aprobado por el anterior Ejecutivo autonómico en la pasada legislatura. La teniente de alcalde de la Villa de Portmany, Neus Mateu, ha dejado claro que, tal y como está redactado, «no funciona». Y ha recordado que a las dificultades de interpretación de la norma se une la falta de colaboración del propio Govern, que no aportó en su momento las herramientas necesarias para su aplicación a los consistorios afectados: Sant Antoni, Palma, Calvià y Llucmajor.
Mateu ha explicado que en breve se reunirá la comisión en la que participan los representantes de estos cuatro consistorios junto con los del Govern y que, será a partir de entonces, cuando la comunidad autónoma decida si modifica el decreto u opta por otras soluciones.
«Hay medidas que son muy complicadas de aplicar», ha relatado en respuesta a una moción de control sobre el decreto presentada por el PSOE, «por ejemplo, si no demuestras que la cosificación de la mujer es para vender alcohol, no se acepta la denuncia». «Es un decreto complicado, denso y muy difícil de aplicar», ha insistido Mateu. Y ha recordado que el Consistorio ha trabajado este verano de forma mucho más eficiente aplicando sus propias ordenanzas municipales y la Ley 4/2015 a través de la Policía Local. «Con esas normativas se han hecho denuncias y detenciones como nunca, no con el decreto», ha subrayado.
Mateu ha dejado también claro que el Gobierno municipal «nunca se ha opuesto» al decreto contra el turismo de excesos y ha puesto como ejemplo que fue el propio Consistorio el que pidió al Govern que se ampliara su ámbito de aplicación, multiplicando «por cuatro la zona». Pero la Conselleria de Turismo, dirigida entonces por el socialista Iago Negueruela, «no cumplió ni en la aportación de medios». Así, fue el Consell d'Eivissa el que tuvo que facilitar a Sant Antoni sus propios inspectores para poder activar el decreto. Una normativa para cuya redacción, además, el Govern no contó con el Consistorio y no tuvo en cuenta que Sant Antoni «no es ni s'Arenal ni Magaluf».
Mateu, por otro lado, ha defendido el plan de choque que prepara la institución insular contra este tipo de turismo y también ha apostado porque, de mantenerse el decreto autonómico, se aplique a toda la isla, pues, ha insistido, «los excesos se producen donde hay acumulación de gente». «No estamos en contra del control del turismo de excesos», ha concluido Mateu, «pero hay que mejorar las herramientas».
El portavoz del PSOE, Antonio Lorenzo, ha defendido el decreto del anterior Govern y ha reclamado al Consistorio que actúe como lo está haciendo ahora el Ayuntamiento de Calvià, gobernado por el PP y Vox y que, según ha señalado, está utilizando esta normativa «con dureza». Lorenzo ha pedido que se amplíe el ámbito de actuación al puerto, para acabar con las party boats.
El alcalde, Marcos Serra, ha defendido, finalmente, la forma en la que Sant Antoni aplicó el decreto en la pasada legislatura a pesar de la falta de medios. Serra, además, ha exigido que deje de equipararse la Villa de Portmany con Magaluf porque «el desfase» en la localidad mallorquina está mucho más disparado que en la ibicenca. Y ha dejado claro que los party boats que operan en el municipio están cumpliendo las normas. «Fue su partido el que a la hora de hacer el decreto no incluyó el puerto», ha recriminado a Lorenzo, al que también ha afeado las críticas sobre la supuesta pasividad del Consistorio ante el problema. «Va con el disco de que no hacemos nada», ha señalado al respecto, «pero fuimos nosotros los que pedimos que se ampliara la zona y el Govern no nos envió a los inspectores».