Ibiza se ha consolidado en las últimas décadas como un «monocultivo turístico» que, aunque genera ingresos y empleo, también está produciendo desigualdad, precariedad y exclusión social. Según el informe Foessa, la dependencia de la economía insular del turismo provoca una notable inestabilidad que «golpea directamente» a las familias de Ibiza: durante la temporada alta se multiplican los contratos, mientras que en la temporada baja se reducen jornadas o se despide a trabajadores, afectando directamente a las familias y dificultando la planificación de la vida cotidiana. «Esta lógica pendular de la isla funciona como motor de riqueza en verano, pero se convierte en fábrica de precariedad en invierno», precisó el sociólogo y miembro de la Fundación Foessa Thomas Ubrich.
El estudio destaca que la presión humana derivada del turismo estacional es uno de los síntomas más visibles. Con una población residente de 161.000 personas, la isla llega a duplicar su población en los meses de verano, lo que desborda infraestructuras y servicios, tensiona los recursos naturales y el espacio público, y aumenta el malestar social. El informe destaca que el coste de la vida se eleva, el poder adquisitivo disminuye y la convivencia entre residentes y visitantes se vuelve más frágil. En este contexto, señala, prospera la economía sumergida: trabajos sin contrato ni derechos, y un mercado irregular de alquileres que mueve grandes cantidades de dinero fuera de control.
Crisis de vivienda
La vivienda, según determina el informe Foessa, es el epicentro de esta crisis. El auge del alojamiento turístico, tanto legal como ilegal, reduce la oferta residencial y dispara los precios, expulsando a quienes no pueden competir. Las consecuencias son visibles: hacinamiento, subarriendos abusivos, familias que conviven en una sola habitación y trabajadores que, aun teniendo empleo, terminan en caravanas, furgonetas, asentamientos o infraviviendas. «La situación es aún más grave para las personas migrantes en situación administrativa irregular, que se enfrentan a explotación laboral y carecen de acceso normalizado a vivienda, empadronamiento, sanidad o protección social», precisó Ubrich, destacando que la exclusión refleja los «fallos del modelo social», no de quienes la padecen, y se ve amplificada por la discriminación y la dificultad de acceso a derechos fundamentales.
«La situación es aún más grave para las personas migrantes en situación administrativa irregular, que se enfrentan a explotación laboral y carecen de acceso normalizado a vivienda, empadronamiento, sanidad o protección social»
El informe subraya también que la exclusión no es resultado del esfuerzo o mérito de las personas, sino de barreras estructurales y políticas fallidas. La lógica individualista y meritocrática, destaca, «convierte la desigualdad estructural en un supuesto fracaso personal y dificulta la cohesión social». Según el informe, vivir en una sociedad donde predomina la precariedad genera miedo y desafección democrática, con un saldo humano de vidas bloqueadas, especialmente entre las generaciones jóvenes. Foessa propone un cambio profundo del modelo social, que deje atrás el crecimiento económico como único objetivo y apueste por un enfoque basado en el cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica.
Regular el mercado
Entre las medidas prioritarias destacan la diversificación de la economía, la reducción de la economía sumergida, la regularización administrativa y el empadronamiento de toda la población, la ampliación de la vivienda social y asequible y la regulación del mercado para que no comprometa el derecho a una vida digna. Asimismo, se recomienda mejorar la calidad del empleo, reforzar las políticas de garantía de ingresos como el Ingreso Mínimo Vital y la renta mínima autonómica, y promover la integración real de la población migrante desde el primer día. El informe concluye con un mensaje claro: el bienestar no puede medirse solo por el consumo ni el rendimiento individual. «Es necesario fortalecer los vínculos comunitarios, impulsar instituciones públicas sólidas y una sociedad civil activa, y apostar por políticas preventivas que actúen sobre las causas estructurales de la desigualdad», apuntó. Elegir entre continuar en un camino de desigualdad e insostenibilidad o avanzar hacia un modelo basado en la cooperación, la justicia y la responsabilidad compartida es, según Foessa, la clave para garantizar vidas dignas y sostenibles en Ibiza.
Desde los años 60 Ibiza vive directamente o indirectamente del turismo. Y hasta ahora no ha faltado vivienda.