La vivienda es la principal preocupación de la población pitiusa. Con el metro cuadrado más caro de España y ofertas de alquiler de habitaciones que no bajan de los 700 euros en invierno, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, responde en una entrevista con Periódico de Ibiza y Formentera a las preguntas sobre vivienda.
— La vivienda es el principal problema de Ibiza. Se vuelve a reclamar más seguridad jurídica para los propietarios. Pero el Govern activó el programa Lloguer Segur, que daba una seguridad máxima, y ha sido un fracaso.
— El Govern ha empezado a aplicar esta legislatura políticas importantes para atajar el problema. El anterior Govern solo apostó por la vivienda de promoción pública y ahora se apuesta también por la de promoción privada. Se han puesto en marcha las viviendas de precio limitado (VPL), que son un 30% más baratas que el precio de mercado. Pero esas viviendas hay que construirlas y la construcción es lenta. Revertir una política de vivienda fracasada como la de la pasada legislatura requiere tiempo. Por otro lado, es un problema crónico y estructural. Se puso en marcha Lloguer Segur y yo pienso que hay que incidir más en él. No está funcionando porque el propietario ya no se cree las promesas de la Administración. En Baleares ha supuesto 70 viviendas ya. No son muchas pero ya son 70 más que antes. Tiene posibilidad de seguir creciendo y hay que apostar por ello. Pero también hace falta política de vivienda estatal y eso pasa por dar seguridad jurídica al propietario y al inquilino. Hay que impulsar leyes para que, en caso de impago u ocupación, pueda recuperarse la propiedad con rapidez y agilidad.
— ¿Cree que una familia puede tener un proyecto de vida viviendo en una habitación en un piso compartido?
— No. La vivienda es un bien básico, es un derecho constitucional y hay que hacer políticas serias. Esto pasa por una legislación clara, efectiva y sin los cuellos de botella que tenemos ahora. Hoy en día tiene más derechos un okupa que un propietario. Hay que romper con esta política estatal fracasada. Y las comunidades autónomas deben impulsar vivienda protegida, como está haciendo el Govern, y fomentar programas de alquiler seguro. Hay mucho trabajo por hacer y ninguno es a corto plazo. Pero, sin cambiar el marco regulatorio, difícilmente se podrá avanzar en esta materia.
— ¿Qué cree que pasará con los asentamientos?
— Es un modus vivendi que se ha instalado en Ibiza y que hay que erradicar. No se puede normalizar que el que tiene trabajo tenga que malvivir en un asentamiento. Si Ibiza es una tierra de oportunidades y en la que hay trabajo, tiene que ser también una isla que pueda ofrecer alojamiento a los trabajadores que vienen a ganarse la vida. Los asentamientos, además, entrañan riesgos para la seguridad de las personas y por los incendios. Todos los ayuntamientos y el Consell estamos trabajando en la misma línea. Sigue creciendo la población porque sigue viniendo gente a Ibiza pero no hay vivienda.
— ¿Y qué hay que hacer?
— Hemos de plantearnos limitar crecimientos que nos llevan al colapso. Mientras no se solucione el problema de la vivienda, difícilmente podremos seguir creciendo en cantidad.
La vivienda es un bien básico, es un derecho constitucional y hay que hacer políticas serias
— Su planteamiento afecta al empresariado. Les está diciendo que no pueden crecer más porque no hay vivienda para sus trabajadores.
— Es que Ibiza no puede pensar ya en un modelo de crecimiento basado en la cantidad. Hemos de apostar por la calidad. Y eso significa buscar el equilibro entre residentes, turistas, empresarios y trabajadores. El que viene a trabajar tiene que vivir en condiciones dignas. Y, si no puede hacerlo, yo soy el primero que dice que no podemos seguir creciendo. No podemos permitir que la gente venga a malvivir para trabajar en unos negocios que necesitan mano de obra pero que no pueden garantizar la vivienda a sus trabajadores. Tal vez debamos replantear esta manera de crecer.
— Si los empresarios buscan vivienda para sus trabajadores, generan otro problema que tensa aún más el mercado de la vivienda. Ningún propietario alquilará a una persona o a una familia si puede alquilar a una empresa.
— Por eso digo que hay que encontrar el equilibrio entre residentes e industria turística. No podemos tener una industria turística que demande cada vez más personal y, al mismo tiempo, no se pueda garantizar la vivienda a todos los trabajadores que necesita. Hemos de replantear el modelo de crecimiento. Son cuestiones que van paralelas. Ibiza trabajaba con un modelo que apostaba por la cantidad. Ahora tenemos calidad pero ha habido necesidades de más cantidad de mano de obra. En cambio, la vivienda no ha crecido al mismo ritmo. Ibiza necesita garantizar la vivienda al residente, a las personas que llevan más de cinco años viviendo aquí. Es a ellos a los que se les tiene que garantizar que han de poder vivir en condiciones en esta isla. Y a los que vengan habrá que garantizarles esa vivienda también. Pero, en vez de construir más y más, habrá que construir única y exclusivamente para los residentes, no para todo el mundo que quiera venir a Ibiza.
— Ya sé que a usted no le gusta la Ley de Vivienda estatal. Ustedes consideran que no funciona y recurren a Cataluña como ejemplo. Pero Cataluña acaba de aprobar una ley para evitar que los propietarios puedan saltarse el tope de los alquileres y que regula el alquiler temporal y el de habitaciones. ¿Qué le parece?
— Topar precios solo sirve para restringir más el mercado. Hay gente que en esta situación se resiste a alquilar y espera una mejor ocasión. Yo soy partidario de garantizar la seguridad jurídica. Yo hablo de garantizar la vivienda al residente. Que la vivienda que se construya sea para los residentes que ya están, no para los nuevos. Si el Govern y nosotros hacemos nuestro trabajo pero el Gobierno central no aplica políticas incentivadoras ni garantiza la seguridad jurídica, la política de vivienda queda coja. Estamos fallando porque el Gobierno quiere hacernos creer que con la limitación de precios se arregla todo. Y eso es mentira.
— El presidente de una asociación de taxistas de Vila propuso hace un par de años residencias para los trabajadores temporales y nadie le hizo caso. ¿Qué le parece a usted esta solución?
— La política de vivienda no la puede hacer solo la Administración. Tiene que ser una colaboración entre lo público y lo privado. Esas residencias se harán. Es lo que estamos construyendo como Consell en Sa Coma para la Guardia Civil del Mar porque necesitamos sus servicios. Hemos cedido un pabellón y lo estamos reformando con fondos de ITS.
— Pero eso debería hacerlo el Ministerio de Interior.
— Sí. También tiene una parcela en la comisaría de la Policía Nacional en la que se pueden construir 140 viviendas y se lleva años hablando de ello. No se ha hecho nada. Eso es lo que desespera. Si el Consell y el Govern nos hemos implicado en la construcción de esta residencia para la Guardia Civil y otra que se construirá para estudiantes y profesores, ha sido porque no hay otra alternativa. Tenemos que suplir las carencias y la dejadez de un Gobierno central que solo nos tiene para recaudar, no para prestar los servicios en las condiciones que merecen los ibicencos. Ibiza, insisto, es una tierra de oportunidades pero tenemos unas limitaciones muy serias.
Guarda los cuentos para los nietos y ponte a trabajar.