El alcalde de Sant Antoni, Pep Tur Cires, no quiso pronunciarse ayer respecto a la querella planteada por Bambagas S.L. por la presunta comisión de un delito de prevaricación al paralizar la actividad de un chiringuito en la zona de Cala Gració. Tur dijo no poder opinar al respecto, al ser un tema que está en los juzgados, frente a los que dirá «lo que corresponda».
Así mismo defendió la actividad del consistorio en este tema, dado que siempre se ha actuado de acuerdo con lo que han dicho los técnicos. Puntualizó que el problema en este caso se ha producido al tener informes contradictorios, en referencia a los informes de la inspectora de Urbanismo y Actividades y la arquitecta municipal, que recogían supuestas irregularidades en la puesta en marcha del negocio; y el informe del secretario del Ayuntamiento, que manifestaba la inexistencia de irregularidades.
El alcalde no quiso entrar en detalles respecto a las incongruencias entre los distintos informes técnicos. Indicó que se está intentando aclarar cual es «el mejor modo de actuar para cumplir con la ley», y que en cualquier caso será el juzgado el que dirima cual pueda ser el adecuado.
En referencia a las acciones anunciadas en la querella para reclamar los perjuicios económicos causados por la paralización de actividad del negocio, quiso puntualizar que la empresa reclamará lo que crea oportuno, pero «tendrá que ser el juez el que indique el resultado final».
Bambagas S.L. plantea la reclamación por pérdidas de 25.000 euros mensuales por gastos de seguridad, además de «los perjuicios económicos, daños personales y morales, y el lucro cesante».
Las representación de la empresa querellante y los querellados: el alcalde de Sant Antoni y otras tres personas responsables de los informes técnicos que se consideran redactados en prevaricación, comparecerán ante el juzgado de instrucción número 1 el 25 de octubre.