El alcalde de Sant Antoni, Pep Tur Cires, deberá comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza el próximo 25 de octubre después de que se haya admitido a trámite la denuncia presentada por la propiedad del chiringuito de Cala Gració, Bambagas S. L., por un presunto delito de prevaricación. Además del alcalde portmanyí, también deberán declarar ante el juez la concejala de Urbanisme, Cristina Ribas, y dos técnicos municipales.
El Ayuntamiento de Sant Antoni tiene bloqueada la apertura de este negocio desde el pasado mes de mayo por unas supuestas «irregularidades» en su expediente una vez y a pesar de haber conseguido el visto bueno de los técnicos municipales, del Govern balear y de la Demarcación de Costas.
El pasado 25 de abril, en sesión de Junta de Gobierno Local, se permitió la instalación para la actividad del quiosco tras emitirse un informe favorable por parte del técnico municipal.
A raíz del revuelo ciudadano que ocasionó la instalación del chiringuito, los días 18 y 22 de mayo se presentaron dos informes técnicos por parte de la inspectora de Urbanisme y Activitats y por la arquitecta municipal poniendo de manifiesto la existencia de «ilegalidades» en el expediente tramitado por Costas.
De este modo el 23 de mayo, un día antes de que el chiringuito abriera sus puertas, se informó al propietario de que no podía iniciar la actividad al carecer del certificado de finalización de obra.
Los informes técnicos emitidos por la inspectora y la arquitecta municipal consideran que la instalación tiene carácter de «obra de construcción de la edificación» y «el proyecto presentado por los promotores no incluye documentación técnica específica de la obra, solo planos de planta y alzados a nivel básico».
Sin embargo, el informe jurídico elaborado por el secretario del Ayuntamiento el pasado 5 de julio señala que una instalación desmontable no se considera edificación al no incorporar prácticamente obra, por lo que la no inclusión de los planos estaría justificada al exigirse solo en obras que tengan carácter de edificación.
Este mismo informe señala que tanto el expediente administrativo tramitado por Demarcación de Costas como el tramitado por el Ayuntamiento han cumplido «todos» los trámites exigidos por la legislación sectorial correspondiente.
El tripartito de Sant Antoni señaló en el pleno ordinario de junio que «haremos lo legalmente posible» para desmantelar el chiringuito.